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Publicado por ESJP Abogados | Marzo 2025   El pasado 18 de marzo de 2025 marcó un hito significativo en la regulación del sector energético en México. El Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de gran calado que no solo expide una nueva Ley del Sector Hidrocarburos , sino que también reestructura profundamente el panorama legal con la creación y reforma de diversas leyes fundamentales. Dicho marco legal, puede ser consultada en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752329&fecha=18/03/2025#gsc.tab=0   En ESJP Abogados, como especialistas en litigio administrativo, amparo, defensa energética y asesoría estratégica en el sector hidrocarburos, hemos analizado a fondo estas modificaciones para ofrecer a nuestros clientes y a la comunidad empresarial una visión clara de los cambios y sus implicaciones.   ¿Qué Leyes Fueron Expedidas y Reformadas?   El decreto publicado el 18 de marzo de 2025 trae consigo la expedición de las siguientes leyes:   Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos Ley del Sector Eléctrico Ley del Sector Hidrocarburos Ley de Planeación y Transición Energética Ley de Biocombustibles Ley de Geotermia Ley de la Comisión Nacional de Energía   Además, se reformaron diversas disposiciones de:   La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (con reformas, adiciones y derogaciones) La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (a través de un decreto adicional publicado en la misma fecha)   Cambios Clave y su Significado   Esta reforma representa una centralización significativa en la administración y regulación del sector energético. Destacamos los siguientes puntos clave:   Nueva Ley del Sector Hidrocarburos:  Esta ley reemplaza gran parte de la normativa vigente en materia de hidrocarburos, marcando un nuevo rumbo en la gestión de este sector estratégico.   Centralización en SENER:  Se fortalece el papel de la Secretaría de Energía (SENER), que ahora concentrará mayores facultades en regulación, supervisión y otorgamiento de permisos.   Creación de la Comisión Nacional de Energía: La expedición de la Ley de la Comisión Nacional de Energía confirma la creación de este nuevo órgano que absorberá funciones previamente ejercidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).   Transición de la CRE y CNH:  Si bien el decreto no lo explicita en detalle, la creación de la Comisión Nacional de Energía sugiere una transición paulatina de las funciones de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hacia este nuevo organismo, operando bajo la administración pública central.   Suspensión de Plazos Administrativos: Durante 90 días naturales a partir del 18 de marzo de 2025, se suspenden los plazos, términos y trámites en curso ante la CRE y CNH. Esto impacta directamente solicitudes, registros, renovaciones, respuestas a oficios e informes técnicos.   ¿Qué Implica Esto para los Empresarios del Sector?   Desde nuestra experiencia, anticipamos tanto desafíos como oportunidades para las empresas del sector energético:   Desafíos Inmediatos:   Parálisis de Trámites:  Aquellas empresas con trámites pendientes ante la CRE y CNH experimentarán una detención temporal de sus expedientes, generando incertidumbre en sus operaciones.   Incertidumbre Jurídica:  La transición hacia un nuevo modelo institucional plantea interrogantes sobre la resolución de asuntos pendientes y los criterios que aplicarán las nuevas autoridades.   Nuevos Interlocutores:  Los empresarios deberán 1 establecer relaciones con las nuevas autoridades en SENER y la Comisión Nacional de Energía, lo que requiere tiempo y adaptación.   1. es.scribd.com   es.scribd.com   Oportunidades Estratégicas:   Revisión y Ordenamiento:  Las empresas con permisos vigentes tienen una oportunidad para revisar y documentar exhaustivamente el cumplimiento de sus obligaciones, fortaleciendo su posición ante el nuevo marco.   Protección Legal para Casos en Litigio:  Es crucial recordar que este nuevo marco legal no tiene efectos retroactivos. Las suspensiones judiciales obtenidas en juicios de amparo previos siguen siendo válidas y exigibles.   Recomendaciones de ESJP Abogados para Empresarios del Sector Energético   Ante este panorama, desde ESJP Abogados en Oaxaca, recomendamos tomar las siguientes acciones:   Análisis Legal Exhaustivo:  Realizar una revisión detallada de su situación legal y regulatoria actual. ¿Sus permisos están vigentes? ¿Qué trámites tienen pendientes? ¿Existen resoluciones impugnadas?   Documentación Rigurosa:  Documentar cualquier acto de autoridad posterior al 18 de marzo de 2025, ya que podrían ser susceptibles de impugnación si afectan derechos adquiridos.   Estrategia de Amparo:  En caso de afectación concreta, evaluar la viabilidad de promover un juicio de amparo de manera estratégica para proteger sus operaciones mientras se define el nuevo régimen.   Comunicación Proactiva:  Establecer canales de comunicación preventiva con SENER y las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Energía para comprender sus lineamientos y procedimientos.   Conclusión: Un Nuevo Capítulo en el Sector Energético Mexicano   El nuevo marco legal representa un cambio fundamental en la forma en que se regula y supervisa el sector energético en México. La centralización de poder y la creación de nuevas instituciones demandan una respuesta ágil y estratégica por parte de los empresarios.   En ESJP Abogados, estamos comprometidos a brindar asesoría legal experta y acompañar a nuestros clientes en este proceso de transición. Si su empresa se ve afectada por estos cambios, no dude en contactarnos. Estamos listos para proteger sus derechos e intereses.     ¿Necesita Asesoría Legal sobre el Nuevo Marco Regulatorio Energético?   En ESJP Abogados somos especialistas en litigio administrativo, amparo, defensa energética y asesoría estratégica en el sector hidrocarburos.   Contáctenos:   "Estrategias y Soluciones Jurídicas Profesionales" ESJP ABOGADOS   Excelencia Jurídica y Defensa Legal   Tel.:  951 583 9604   Email:   firmalegal@esjpabogadosenoaxaca.com Web:   www.esjpabogadosenoaxaca.com Dirección:  Boulevard La Paz número 108, Colonia Colinas de La Soledad, Agencia San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

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"Estrategias y Soluciones Jurídicas Profesionales 'ESJP-ABOGADOS', firma legal comprometida con la responsabilidad social en Oaxaca, presenta esta guía especializada como parte de su compromiso con el bienestar y la protección de la niñez oaxaqueña. Este documento constituye una herramienta práctica que permitirá a padres, madres y tutores actuar de manera informada y efectiva ante situaciones que vulneren la dignidad de sus hijos. El acoso y hostigamiento sexual en la educación básica representa una problemática alarmante que vulnera los derechos fundamentales de miles de niñas, niños y adolescentes en México. Esta guía tiene como propósito fundamental proporcionar información clara, actualizada y práctica para que madres, padres y tutores conozcan las acciones inmediatas y rutas legales a seguir ante la presunción de conductas que atenten contra la integridad de los estudiantes."   Marco Jurídico Federal y Estatal   En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  reconoce a los menores como titulares de derechos y establece la obligación del Estado de protegerlos contra toda forma de abuso, incluido el acoso y hostigamiento sexual. Esta ley también obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Estas medidas de protección deben comprender procedimientos eficaces para la creación y aplicación de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención.     Ley General de Educación   La Ley General de Educación  promueve la creación de ambientes escolares seguros y libres de violencia. Esta ley busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, en un entorno que respete su dignidad e integridad.     A nivel estatal, Oaxaca cuenta con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género , que define y sanciona diversas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral y docente. Es importante destacar que los protocolos para la prevención, atención y sanción de la violencia deben formar parte de una política integral de igualdad de género y no discriminación.     El IEEPO, por su parte, ha desarrollado protocolos específicos para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral y la discriminación, así como para la atención de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. Además, el IEEPO tiene la responsabilidad de observar y trabajar en el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando habilidades sociales y emocionales que favorezcan la inclusión, el respeto a la diversidad, la empatía y la convivencia.     En este contexto, es importante definir a la "persona agresora" como aquella de la que se presumen actos de violencia laboral (hostigamiento y acoso, sexual y laboral) dirigidas hacia una persona trabajadora, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este, siempre que esté vinculado a la relación laboral, con la que puede o no existir una subordinación.     Prevalencia del Acoso y Hostigamiento Sexual en Educación Básica   Si bien no existen datos específicos sobre la prevalencia del acoso y hostigamiento sexual en educación básica en Oaxaca, las estadísticas nacionales e investigaciones realizadas muestran la gravedad del problema. De acuerdo con la información recopilada, entre 2015 y 2018 se registraron más de 6,000 casos de acoso sexual en México. Es importante destacar que estas cifras pueden ser solo la punta del iceberg, ya que muchos casos no se denuncian por miedo, vergüenza o desconocimiento de las rutas legales.     En Oaxaca, la ENDIREH 2021 estima que el 67.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) a lo largo de su vida. Además, estudios señalan que las escuelas son un espacio recurrente para la incidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.     Derechos de los Alumnos y Padres de Familia   Tanto los alumnos como los padres de familia tienen derechos específicos en casos de acoso y hostigamiento sexual en educación básica. Es importante recordar que se debe garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación, y que cualquier garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de enfoque diferencial.     Entre los derechos de los alumnos  se encuentran:   Derecho a la protección:  Las escuelas tienen la obligación de garantizar la seguridad e integridad de los alumnos, previniendo y atendiendo cualquier forma de violencia. Esto incluye la prevención de diversos tipos de violencia, como la física, sexual y psicológica. En particular, el acoso escolar se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder (ya sea física, de edad, social, económica, entre otras) que se ejerce entre alumnos/as y en el entorno escolar, con objeto de someter, explotar y causar daño.     Derecho a la denuncia:  Los alumnos tienen derecho a denunciar cualquier situación de acoso o hostigamiento sexual sin temor a represalias.     Derecho a recibir apoyo:  Las escuelas deben brindar apoyo psicológico y social a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual.      Los padres de familia , por su parte, tienen derecho a:   Ser informados:  Las escuelas deben informar a los padres sobre cualquier situación de acoso o hostigamiento sexual que involucre a sus hijos.     Participar en el proceso:  Los padres tienen derecho a participar en el proceso de atención y seguimiento de los casos de acoso y hostigamiento sexual.     Recibir orientación:  Las escuelas deben brindar orientación a los padres sobre cómo prevenir y atender el acoso y hostigamiento sexual.       Rutas Legales Disponibles   En caso de acoso o hostigamiento sexual en educación básica, los alumnos y padres de familia pueden recurrir a las siguientes rutas legales:   Nivel 1: Prevención En este nivel, las acciones se centran en la prevención del acoso y hostigamiento sexual. Se busca crear conciencia sobre el problema, promover la cultura de la denuncia y brindar herramientas a la comunidad educativa para identificar y prevenir situaciones de riesgo.     Nivel 2: Atención Este nivel se activa cuando se detecta una situación de acoso o hostigamiento sexual. Las acciones se enfocan en detener y cesar el abuso, brindar apoyo a la víctima y tomar medidas para evitar que la situación se repita.     Dentro de este nivel, se pueden seguir los siguientes pasos, aunque se puede optar acudir ante cualquiera de las autoridades enlistados de forma indistinta, esto es no necesariamente en el orden propuesto:   Denuncia ante la escuela:  El primer paso es presentar una denuncia ante las autoridades escolares, quienes tienen la obligación de activar el protocolo de actuación correspondiente. Es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones pedagógicas, criterios y procedimientos claros para la prevención, atención (detección, notificación, intervención y seguimiento) y medidas de no repetición del acoso escolar.   Denuncia ante el IEEPO:  Si la escuela no atiende la denuncia o si la situación persiste, se puede presentar una queja ante el Órgano Interno de Control del IEEPO.    Denuncia ante la Fiscalía:  En casos graves, se puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.     Es importante destacar que todas las personas involucradas en los procedimientos están obligadas a resguardar la información o documentación que obre en su poder bajo la más estricta reserva, con el objeto de no re-victimizar o exponer a la persona quejosa a una situación de mayor riesgo.     Para resolver el conflicto, se deben considerar las siguientes estrategias:   Diálogo:  Promover el diálogo entre las partes involucradas para buscar una solución pacífica al conflicto.   Mediación:  En casos necesarios, se puede recurrir a la mediación de un tercero imparcial para facilitar la comunicación y el entendimiento entre las partes.   Aplicación de medidas disciplinarias:  En casos de acoso o hostigamiento comprobados, se deben aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo con el reglamento escolar.   Apoyo psicológico: Brindar apoyo psicológico a la víctima y al agresor para superar las consecuencias del acoso o hostigamiento.   Seguimiento:  Realizar un seguimiento del caso para asegurar que la situación no se repita y que la víctima reciba el apoyo necesario.     Es importante destacar que la denuncia y el seguimiento de los casos son fundamentales para erradicar el acoso y hostigamiento sexual en la educación básica.     Instituciones y Organizaciones de Apoyo   En México existen diversas instituciones y organizaciones que brindan apoyo y asesoría a víctimas de acoso y hostigamiento sexual en educación básica. A nivel nacional, se puede contactar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) o a organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México. En Oaxaca, se puede acudir a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca o al propio IEEPO.     Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual   La prevención es fundamental para erradicar el acoso y hostigamiento sexual en la educación básica. Para ello, es crucial promover una cultura de prevención en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Algunas medidas de prevención incluyen:     Implementar programas de educación sexual integral:  Estos programas deben abordar temas como el respeto, la igualdad de género y la prevención del abuso sexual.     Capacitar al personal docente y administrativo:  Es fundamental que el personal escolar esté capacitado para identificar, prevenir y atender situaciones de acoso y hostigamiento sexual. Esto incluye la capacitación en la identificación de indicadores de riesgo, la aplicación de los protocolos de actuación y el manejo de situaciones de crisis.     Fomentar la cultura de la denuncia:  Es importante crear un ambiente escolar en el que los alumnos se sientan seguros para denunciar cualquier situación de acoso o hostigamiento sexual. Para ello, se debe promover la confianza en las autoridades escolares, garantizar la confidencialidad de las denuncias y brindar apoyo a las víctimas.   Involucrar a los padres de familia:  Los padres de familia tienen un rol fundamental en la prevención del acoso y hostigamiento sexual. Deben educar a sus hijos sobre el respeto, la igualdad de género y la importancia de la denuncia. También deben estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos que pueda indicar que están siendo víctimas de acoso o hostigamiento.     Crear un ambiente escolar seguro:  Las escuelas deben implementar medidas para garantizar la seguridad de los alumnos, como la supervisión en los patios y baños, la instalación de cámaras de seguridad y la aplicación de protocolos de seguridad.     Conclusión   El acoso y hostigamiento sexual en la educación básica es un problema que requiere la atención y acción de todos los actores involucrados: alumnos, padres de familia, docentes, autoridades escolares y sociedad en general. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, en conjunto con los protocolos del IEEPO, establecen un marco jurídico sólido para la protección de los menores. Es fundamental que todos conozcan los derechos de las víctimas y las rutas legales disponibles para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia.   El IEEPO, en conjunto con otras instituciones, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad e integridad de los alumnos, creando ambientes escolares seguros y libres de acoso y hostigamiento sexual. Para ello, es necesario un esfuerzo continuo que involucre la implementación de programas de prevención, la capacitación del personal escolar, el fomento de la cultura de la denuncia y la creación de un ambiente escolar seguro.   Es imperativo que todos los miembros de la comunidad educativa se comprometan a trabajar en conjunto para erradicar el acoso y hostigamiento sexual en las escuelas. Solo a través de la acción conjunta y el compromiso de todos podremos garantizar el bienestar y el futuro de los niños, niñas y adolescentes de Oaxaca.   "Estrategias y Soluciones Jurídicas Profesionales 'ESJP-ABOGADOS', pone a tu disposición el correo electrónico firmalegal@esjpabogadosenoaxaca.com en el cual podremos contestar a tus inquietudes sobre el tema.

En el ámbito energético mexicano, la caducidad de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)  se ha convertido en un tema recurrente que afecta a múltiples empresas que operan en el sector. En particular, hemos observado cómo, a través de acuerdos como el A/134/2024, la CRE ha declarado la caducidad de diversos permisos bajo el argumento de inactividad por más de 365 días consecutivos. Este escenario plantea serias implicaciones jurídicas y operativas para las empresas afectadas. En este análisis reflexionaremos sobre las posibles violaciones a derechos fundamentales que enfrentan las empresas y sobre cómo proceder jurídicamente para defender sus intereses. ¿Qué implica la caducidad de un permiso energético? La caducidad de un permiso es un acto administrativo mediante el cual la autoridad, en este caso la CRE, extingue los derechos conferidos a una empresa, argumentando incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Hidrocarburos. En términos prácticos, esto puede traducirse en la imposibilidad de operar, afectando la viabilidad financiera y la reputación empresarial. Posibles violaciones a derechos fundamentales Falta de Garantía de Audiencia Previa: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, garantiza el derecho de audiencia previa antes de que una autoridad afecte los derechos de los gobernados. Sin embargo, en muchos casos, las empresas no son notificadas de manera adecuada ni se les da una oportunidad real de defenderse, lo que viola principios fundamentales del debido proceso. Falta de Fundamentación y Motivación: La autoridad debe justificar de manera clara y precisa las razones de la caducidad, demostrando que la inactividad fue intencionada e injustificada. En muchos casos, las resoluciones carecen de un análisis exhaustivo, ignorando circunstancias externas que pudieron afectar la operación de la empresa. Impacto Económico y Social: La extinción de un permiso puede tener consecuencias más allá de la empresa, afectando a comunidades que dependen de los servicios prestados. Esto va en contra del principio de proporcionalidad que debe regir las decisiones administrativas. ¿Qué pueden hacer las empresas afectadas? Ante estas irregularidades, las empresas tienen herramientas legales para defender sus derechos. A continuación, algunas recomendaciones clave: Interponer un Juicio de Amparo Indirecto: Este recurso permite impugnar actos de autoridad que violen derechos fundamentales, como la seguridad jurídica y el debido proceso. En este juicio, se puede solicitar la suspensión provisional para evitar la ejecución de la caducidad mientras se resuelve el fondo del asunto. Demostrar Actividad Operativa: Es fundamental recopilar pruebas que acrediten la operación de la empresa durante el periodo cuestionado. Estas pruebas pueden incluir contratos, facturas, reportes financieros y cualquier evidencia que demuestre el cumplimiento de las obligaciones. Negociación con la CRE: Explorar mecanismos de regularización, como los previstos en acuerdos administrativos que permiten subsanar omisiones mediante sanciones económicas, puede ser una alternativa para mantener la vigencia del permiso. Reflexión Final La defensa jurídica en casos de caducidad de permisos no solo protege los derechos de las empresas, sino que también fomenta un sector energético más transparente y justo. Es crucial que las empresas afectadas no permitan que estas resoluciones sean un obstáculo definitivo y actúen con prontitud para salvaguardar su operación. En ESJP Abogados en Oaxaca , contamos con experiencia en materia energética y administrativa para asesorar y defender a empresas que enfrentan este tipo de desafíos. Invitamos a todas las empresas afectadas a contactarnos para una consulta sin compromiso y analizar las posibles soluciones jurídicas en su caso. ¡Juntos podemos proteger tus derechos y garantizar la continuidad de tus operaciones! Contáctanos Teléfono:  951 583 9604 Correo Electrónico:   firmalegal@esjpabogadosenoaxaca.com Sitio Web:   www.esjpabogadosenoaxaca.com Tu caso puede marcar la diferencia en el sector energético. ¡Hablemos!

Como ciudadanos mexicanos y, sobre todo, como abogados oaxaqueños, observamos con preocupación una reforma judicial que no tenga como objetivo dar una respuesta puntual a la exigencia de justicia en nuestra nación. En las conversaciones sostenidas con otros abogados, hemos constatado que existen opiniones divididas respecto a la reforma judicial. Mientras algunos apoyan las modificaciones propuestas, otros las critican vehementemente. Este debate refleja la complejidad y la importancia de un tema que afecta directamente el corazón de nuestro sistema de justicia. La necesidad de una reforma judicial en México es innegable. En la actualidad, requerimos un sistema que garantice soluciones justas a nuestros problemas legales cotidianos, inspirados por el mismo sentimiento de justicia con el cual se fundó nuestra nación. Es pertinente recordar que José María Morelos y Pavón, en la Ciudad de Oaxaca, gestó las ideas que se plasmarían en el Congreso de Chilpancingo como “Los Sentimientos de la Nación”, un documento esencial para nuestra joven nación independiente. ¿Por qué debemos reflexionar sobre esto? Porque en toda nación democrática es crucial contar con un poder judicial que nos defienda de la arbitrariedad de los poderosos. Morelos lo expresó de manera contundente, y es una frase que todo abogado en México debería conocer: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”. Como mexicanos, nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿Qué tipo de Poder Judicial queremos en México? ¿Uno que sea imparcial y objetivo, o uno cuya balanza de justicia esté sujeta a intereses externos y poderosos? En nuestra experiencia como firma legal, hemos observado que el Poder Judicial Federal ha actuado con mesura e imparcialidad. Aunque no están exentos de errores y sus decisiones han sido controvertidas, en ocasiones mostrando cercanía con el Poder Ejecutivo, han tenido aciertos significativos que han fortalecido nuestra joven democracia. Por ello, es vital que la reforma judicial se enfoque en mejorar estos aspectos y no en destruir los avances logrados hasta ahora. Proponemos que la reforma judicial contemple un análisis profundo del comportamiento del Poder Judicial Local en cada entidad federativa. Sus retos y sacrificios deben ser considerados para no destruir, sino para mejorar el sistema. Es sabido que el Poder Judicial Federal cuenta con salarios dignos, aunque la exigencia es alta y muchas veces objeto de críticas. Sin embargo, esto debería ser motivo de orgullo, pues todos los mexicanos deberíamos aspirar a tener sueldos dignos. En el Estado de Oaxaca, por ejemplo, los empleados del Poder Judicial Local enfrentan grandes sacrificios. Muchos son asignados a juzgados en regiones remotas con salarios que a veces no cubren sus necesidades básicas. La falta de insumos, personal calificado y sistemas tecnológicos adecuados dificulta su labor. Es imperativo invertir en mejores salarios y una carrera judicial que premie el mérito, así como en la justicia en línea para modernizar y agilizar el procesamiento de expedientes judiciales. Además, es crucial acercar los servicios del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y de la Fiscalía del Estado de Oaxaca a los justiciables y operadores jurídicos. Los costos asociados a trasladarse a los juzgados y agencias del Ministerio Público encarecen el acceso a la justicia para la población general. Aunque el Poder Judicial del Estado de Oaxaca ha implementado audiencias remotas en materia penal, permitiendo a los justiciables ahorrar en traslados y tiempos de espera, la inversión en tecnología aún necesita perfeccionarse. Muchas veces, la presencia física en las salas de los juzgados sigue siendo necesaria. En resumen, el debate sobre la reforma judicial en México es crucial y debe ser abordado con seriedad y compromiso. Es necesario un sistema judicial que garantice imparcialidad y justicia para todos los ciudadanos, respetando los principios que dieron origen a nuestra nación y fortaleciendo los avances logrados hasta ahora.